El concepto “flexiseguridad” surge en la década de los ochenta en Dinamarca y alude a una nueva fórmula de concebir las relaciones entre trabajadores y empresarios, basada en una mayor flexibilidad en los contratos y más empleabilidad de los trabajadores, lo que supone incrementar el nivel de formación y de incentivos por parte del Estado para poder cambiar de empleo cuando el mercado laboral así lo requiera.
La flexiseguridad es, para la Comisión Europea, una estrategia fundamental para la adaptación del mercado de trabajo y las empresas privadas europeas a las condiciones que impone el actual modelo de globalización. Esta política de empleo gira sobre tres ejes fundamentales: mayor facilidad para contratar y despedir trabajadores, mayor protección social para los desempleados y el establecimiento de un régimen de derechos y deberes para éstos. Así se refiere el órgano de gobierno europeo al concepto:
"La mejor forma de entender qué es lo más importante en una estrategia de flexiseguridad consiste en examinar más de cerca las demandas de la economía moderna, el tipo de mano de obra que las empresas europeas necesitan para triunfar y cuales son los principales obstáculos, y también la cuestión que la Comisión y la mayoría de los debates europeos actuales han cometido el imperdonable error de obviar sobre el tipo de empresas que necesita la economía europea y en qué medida se hacen eco las empresas europeas de los desafíos sociales y económicos que plantea el siglo XXI".
Según este párrafo, la política de empleo de Unión Europea se somete a los designios del mercado de trabajo, es decir, se presupone y se acepta un sistema económico-laboral independiente, autorregulable e incontrolable (no deja de ser sorprendente que un sistema creado por el hombre acabe por condicionarlo hasta tal extremo…) al que los Estados no pueden más que amoldarse y someterse aunque, eso sí, “pretendiendo minimizar” los efectos indeseables que pudiera producir sobre la población europea.
Dejando a un lado la contradicción que el propio término supone, lo complicado de esta idea es que pretende aunar cohesión social y competitividad, en un marco globalizado en el que competitividad significa producir más barato que los demás. Tal y como está estructurado el sistema, la producción más competitiva no tiene lugar en Europa, donde los niveles socioeconómicos hacen que los salarios y los derechos laborales estén muy por encima de las zonas paradigmáticamente competitivas del continente asiático.
Por lo tanto, algo no cuadra. No se puede pretender competir en el mercado global capitalista sin que las condiciones de los trabajadores europeos se vean afectadas de una u otra forma: desaparición de contratos fijos, diversidad de horarios en la jornada de trabajo, movilidad geográfica forzada, etc. Y estos efectos, que ya se están dando y que no se ocultan por parte de los defensores de la flexiseguridad, difícilmente van a poder conjugarse con el pretendido mantenimiento de la cohesión social de la que, por otra parte, únicamente goza Europa y que, según parece, no va con la supuesta dinámica de la economía mundial.
Al defender políticas de corte liberal, se pierden de vista los derechos adquiridos históricamente por la clase trabajadora y se priman los deseos caprichosos del mercado. Como consecuencia, los hombres pasamos a ser simples fichas que se mueven por el tablero de juego según los intereses del jugador -que no es otro que el mercado-. Ya no solo hay mercantilización de bienes y servicios, sino que también hay mercantilización de personas
